En un inicio, las actividades clasificadas bajo el término de Lavado de Dinero se consideraban asunto de las instituciones bancarias; no obstante, desde 1989 comenzó en México la adopción formal del combate a este delito. La evolución de este tema implicó modificaciones al Código Penal. Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptó estándares internacionales al respecto y en 2012 nació la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
En la actualidad, el tema de “Lavado de dinero” se extiende más allá de lo que son los bancos y comprende a la mayoría de las instituciones financieras, así como a otras entidades y organizaciones, relacionadas con lo que la Ley denomina Actividades Vulnerables. Es por ello, que las organizaciones deben tener claro su involucramiento en actividades catalogadas bajo este esquema y adoptar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones legales que le sean aplicables.